CONSULTA ESTUDIANTIL

Consecuencias de la ley SB 1070

La aprobación de la ley antimigrante en el estado de Arizona conocida como SB 1070 traerá para los actores involucrados, los migrantes, el gobierno de Arizona y el “gobierno” federal de México varias consecuencias. La nueva ley catapulta a la mesa de discusión varios puntos que muchos de los involucrados no quisieran tocar. Si bien la nueva disposición entrará en vigor hasta dentro de 90 días luego que concluya el actual periodo de sesiones del Legislativo estatal, ya comenzamos a mirar las primeras consecuencias que conlleva la SB 1070.

1.- Es de todos sabido la importancia económica que reviste para Estados Unidos la mano de obra migrante proveniente de nuestro país, el sueldo que reciben estas personas es menor al que obtienen los trabajadores estadunidenses, ofrecen mano de obra calificada, y resultan dóciles en sus demandas laborales. Un negocio redondo. La asociación Consultores Internacionales mencionan que la mitad de los 850 mil trabajadores migrantes que Estados Unidos requiere cada año para mantener su crecimiento económico es de origen mexicano. Lo paradójico de esta ley es que antes de ocasionar presiones por falta de mano de obra, vulnerará aún más a los migrantes con lo cual se verán obligados a malbaratar su trabajo con tal de obtener un empleo.

2.- El costo social de la persecución y criminalización de los migrantes tendrá su rostro educativo, sanitario y de desajuste social debido a la movilización que seguramente se presentará desde Arizona a otros estados. En ese sentido, no se descarta la posibilidad de que otros estados establezcan leyes similares a la de Arizona para detener ese flujo, de lo contrario, la presión por la obtención de un empleo y servicios de educación y salud serán muy fuertes para las entidades receptoras. Pero la presión también la sentirán los prestadores de servicios cuyo universo de clientes sean los migrantes.

3.- De presentarse la migración de Arizona hacia otros estados estaremos presenciando una especie de efecto colador dentro de Estados Unidos; por un lado los migrantes deberán repensar no solamente nuevas rutas de ingreso a la Unión Americana, sino encontrar nuevos destinos a partir del estado fronterizo. Veremos cuál es la respuesta de los estados vecinos cuando solamente el año pasado se aprobaron a nivel estatal 222 leyes antimigrantes en todo Estados Unidos.

4.- El costo fiscal que tendrán que asumir los departamentos de policías y alguaciles para llevar a cabo actividades que hoy en día no les corresponden como son detener, procesar y deportar a mexicanos “sin papeles”, no solamente será muy alto, sino que por obvias razones serán recursos que se tomarán de otras partidas gubernamentales lo que impactará en la calidad de los servicios estatales en Arizona. Por otro lado, las autoridades no estarán exentas de enfrentar demandas frente a personas que sean detenidas por su “aspecto físico” y que resulten ser ciudadanos o residentes legalmente avecindados en el estado, incluso hasta turistas.

5.- Los llamados a realizar un boicot contra Arizona se multiplican en Estados Unidos y México, lo que impactaría severamente la economía estatal. La Asociación de Turismo de Arizona dio a conocer que el sector comenzó a experimentar pérdidas inmediatas a consecuencia de la ley SB 1070, y afirman que la SB 1070 está “pasando de un asunto de migración a uno de turismo”. (La Jornada, 29 de abril de 2010). De igual manera las marchas en repudio a la ley no se dejan esperar y la paisanada ya prepara al menos ochenta movilizaciones en varias ciudades para el día de mañana.

6.- ¿Y el “gobierno” mexicano qué debe hacer para ayudar a los connacionales avecindados en Arizona? ¿Cuál es el grado de responsabilidad de México en la decisión que toman nuestros paisanos de migrar? Si se diera el caso de un retorno masivo ¿está México preparado para recibir a los que regresen? Por donde se le vea las “autoridades” de nuestro país no puede ignorar su responsabilidad por la migración forzada de miles de personas cada año. Más allá de discursos huecos y políticamente correctos frente al gobierno estatal de Arizona y el federal en Estados Unidos, si realmente el “gobierno” mexicano quiere ayudar a los migrantes lo que debe hacer es crear fuentes de empleo bien remuneradas que les permitan a nuestros paisanos encontrar condiciones dignas de vida en nuestro país, y así evitar que emprendan la aventura migratoria. Pero no solamente el empleo es condición suficiente para decidir quedarse aquí, es harto necesario llevar a cabo una distribuir equitativa de la riqueza que todos los mexicanos generamos y de las oportunidades de desarrollo que todos necesitamos; se impone ignorar la argumentación hecha por el secretario de Educación, Alonso Lujambio, en el sentido de que “para que exista democracia no se requiere justicia social ni distribución equitativa de la riqueza” (La Jornada, 28 de abril de 2010); y ni que decir de la necesidad de generar niveles más altos de seguridad y de respeto a los derechos humanos. Si hablamos del apartheid migratorio en Arizona, tendríamos que hablar del apartheid económico que sufren al menos 70 millones de mexicanos en este país.

Tomando en cuenta los costos tan altos que tendrá la ley antimigrante ¿cómo podemos explicar su promulgación? Resulta claro ver en los motivos de la promulgación de la ley SB 1070 un asunto eminentemente político-electoral. Arizona hoy por hoy es un estado republicano, pero con pocas posibilidades de mantenerse en el poder en el siguiente proceso electoral; por ello, la apuesta es recuperar a los grupos más radicales a través de leyes como la aprobada, aun cuando esta estrategia les acarré votos en contra. Los republicanos miran muy endeble su futuro político y por ello se arriesgaron al pensar que de cualquier manera tanto la gobernadora Jan Brewer como el senador John McCain tienen pocas posibilidades de obtener la reelección.

Al final del día los migrantes pagan los platos rotos ocasionados por la lucha en la arena política del vecino del norte.

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