Por Milagros Salazar
 |  Alto Huayabamba, en San Martín, Perú. Crédito: Cortesía AMPA |
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Mientras las aguas de los ríos se iban secando, fue creciendo el interés de la gente de San Martín, en la selva nororiental peruana, en solicitar al Estado concesiones de conservación en terrenos públicos de gran diversidad biológica.
Hasta ahora consiguieron cuatro concesiones, con una extensión total de 267.133 hectáreas, mientras otras cinco solicitudes están en espera.
La sociedad civil echó mano a proyectos de conservación privada y comunitaria y de desarrollo sostenible, contemplados desde 2001 por la ley forestal.
En los últimos 50 años, se talaron más de 1,6 millones de hectáreas de los bosques primarios de San Martín, lo que equivale a 30 por ciento de su territorio, según organizaciones no gubernamentales ambientalistas.
Además, en 2010 se registraron en todo el país 1.711 incendios forestales, mientras la cifra anterior era de 968.
"Vivimos en una región donde la deforestación ya está pasando la factura en el acceso y disponibilidad de bienes y servicios ambientales importantes para la vida, especialmente el agua", explicó a Tierramérica la representante de la no gubernamental Asociación Amazónicos por la Amazonía (AMPA), Karina Pinasco.
Varias ciudades de la región sólo se abastecen de agua dos horas por día. La situación se agudiza por las migraciones de habitantes procedentes de los Andes, los proyectos petroleros y mineros y el peso del cambio climático, indicó.
"Los cambios del clima son cada vez más extremos", agregó. Las épocas de sequías, de lluvias y de "friaje" (ola de frío en la selva) se han intensificado.
La población de San Martín tomó "conciencia de la necesidad de organizarse", y "no todo se deja en manos de las autoridades", dijo la activista.
En Perú hay 26 concesiones de conservación otorgadas por la autoridad forestal nacional y regional por plazos de hasta 40 años renovables.
Además, hay casi 994.000 hectáreas protegidas bajo distintos instrumentos, una superficie más grande que la del lago Titicaca, en la sudoriental región de Puno, según la no gubernamental Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).
La modalidad de concesiones para conservación tiene mayor demanda en el plano nacional, con 796.208 hectáreas, y corresponde a áreas silvestres del Estado donde es prioritaria la preservación de la biodiversidad y el mantenimiento de servicios ambientales.
Pero las leyes contemplan otras formas de protección: áreas de conservación en predios privados, servidumbre ecológica --donde varios propietarios se ponen de acuerdo para desarrollar un servicio ambiental sin que el Estado intervenga-- y concesiones para ecoturismo.
Las concesiones de conservación garantizan "la seguridad jurídica del territorio de las comunidades y evitan el otorgamiento de otros derechos en un mismo lugar, lo que ayuda a prevenir conflictos", dijo Pinasco a Tierramérica.
Las cuatro concesiones de San Martín protegen zonas estratégicas que contribuyen a la gestión sostenible del Parque Nacional del Río Abiseo, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad en 1990.
La concesión más extensa es la del Alto Huayabamba, en las cuencas de los ríos Marañón y Huallaga, y alberga páramos entre 4.670 y 1.800 metros sobre el nivel del mar.
En el Alto Huayabamba hay 112 lagunas permanentes y otras transitorias y se encuentran especies como el mono choro de cola amarilla (Oreonax flavicauda) y un registro material dejado por la cultura indígena chachapoya.
"La cuenca del (río) Huayabamba es un territorio clave para San Martín y la Amazonia. Sus bosques regulan el agua y almacenan importantes stocks de carbono y de otros gases de efecto invernadero", dijo Pinasco.
El 27 de diciembre se publicó en el diario oficial El Peruano la ordenanza regional que declara la cuenca del Huayabamba como zona restringida para la actividad minera y petrolera y para los asentamientos humanos.
AMPA obtuvo esta concesión en 2006 y apoya otras iniciativas de pobladores, como Ojos de Agua, Huicungo y El Breo, con el objeto de reducir las presiones de otras actividades extractivas.
En los últimos 50 años, la conservación sólo era responsabilidad del Estado, recordó el especialista Pedro Solano, de la SPDA. "Esta modalidad en manos de pobladores organizados es una visión interesante que les permite liderar la gestión del territorio", agregó.
De momento, cinco de los 25 gobiernos regionales tienen competencias para otorgar concesiones forestales. San Martín fue el primero que ejerció ese derecho y optó por proyectos de conservación no maderables.
"En San Martín existe la mayor cantidad de iniciativas municipales y regionales de conservación porque las autoridades han entendido que debe apostarse" por ellas, dijo Solano a Tierramérica.
Autoridades y habitantes de San Martín lideraron una batalla legal que marcó un hito. En 2009, el Tribunal Constitucional admitió una acción de amparo para proteger el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera que había sido otorgada a la explotación petrolera.
"Es el único fallo del Estado donde se prioriza la vida por encima de la inversión privada", opinó Pinasco.
Cordillera Escalera es una fuente de agua donde nacen las cuencas hidrográficas Cumbaza, Caynarachi y Shanusi, de las que dependen más de 300.000 personas.
* Este artículo fue publicado originalmente el 8 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.(FIN/2011)
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