El periodico
Clave Digital del dia 11 de julio del corriente año, trajo en sus paginas un articulo titulado EE.UU no frena gases que crean efecto de invernadero bajo alegato de proteger empleo.
Vamos a reproducir este articulo con la cortesía de Clave Digital, para una mejor compresion de la misma.
EEUU no frena gases que crean efecto de invernadero bajo alegato de proteger empleos
La Agencia de Protección Ambiental presentó un menú de opciones sobre la manera de reducir las emisiones de autos, buques, aviones, trenes, usinas, fábricas y refinerías. Pero dijo que la decisión la tomarán el presidente que asuma en enero y los legisladores.
AP/Clave Digitalviernes, 11 de julio de 2008
WASHINGTON (AP).-El gobierno del presidente George W. Bush se negó el viernes a regular la emisión de los gases de invernadero a los que se atribuye el calentamiento global, señalando que eso causaría la pérdida de muchos empleos en tiempos de problemas económicos.
La Agencia de Protección Ambiental presentó un menú de opciones sobre la manera de reducir las emisiones de autos, buques, aviones, trenes, usinas, fábricas y refinerías. Pero dijo que la decisión la tomarán el presidente que asuma en enero y los legisladores.
El efecto invernadero ha trastornado el clima en todo el mundo.
Clave Digital/Archivo.En una noticia federal de 588 páginas, la agencia no llegó a ninguna conclusión acerca de si el calentamiento global plantea una amenaza para la salud de la población, revirtiendo una conclusión anterior a insistencia de la Casa Blanca y endilgando toda decisión sobre una solución al problema al próximo presidente y Congreso.
La Casa Blanca rechazó el jueves la conclusión de la agencia de tres semanas antes de que la Ley del Aire Puro de 1970 "puede ser igualmente practicable y efectiva para hacer frente al cambio climático global". En cambio, la agencia dijo el jueves que esa ley no está capacitada para lidiar con el cambio climático.
Esto contrasta notablemente con el tono de las declaraciones que el presidente George W. Bush formuló ante la recientemente concluida cumbre del G-8 de naciones industrializadas en Toyako, Japón. En esa reunión, Estados Unidos se sumó a otros en apoyo de una declaración en busca de una reducción del 50% de los gases de efecto invernadero para el 2050.
En un revés importante para el gobierno, la Corte Suprema falló el año pasado que el gobierno tiene la facultad, según la Ley del Aire Puro, de regular los gases de invernadero como contaminante. Bush se ha opuesto consecuentemente a ello.
Los partidarios de regular esos gases sólo pudieron lograr 38 votos en el Senado de 100 bancas el mes pasado. La Cámara de Representantes condujo varias audiencias sobre el problema pero no ha votado sobre ningún proyecto al respecto. Los dos candidatos presidenciales principales, el republicano John McCain y el demócrata Barack Obama, han apoyado variantes del proyecto rechazado por el Senado.
También vamos a leer un trabajo analítico de David Navarro sobre el precio del calentamiento climático.EL PRECIO DEL CALENTAMIENTO
UNA de las causas del fracaso parcial de la ratificación del Protocolo de Kioto es la falta de información económica sobre los costes y los beneficios que generará el calentamiento global de la tierra. Empresarios, meteorólogos, políticos y la sociedad civil reclaman una aproximación al impacto económico del fenómeno con el objetivo de establecer los puntos críticos que permitan a los organismos internacionales hacer juicios de valor sobre la idoneidad de tomar medidas para combatir o paliar sus efectos adversos.
A pesar de las ventajas económicas del libre mercado como sistema de asignación de recursos frente a la planificación centralizada, éste no siempre garantiza la consecución del máximo bienestar posible para los ciudadanos. Los principales “fallos del mercado” son los motivados por la competencia imperfecta, las externalidades y los bienes públicos. Tradicionalmente, el medio ambiente ha sido un ejemplo para explicar las disfunciones del mercado de las dos últimas variables. Aunque el Protocolo de Kyoto se puede explicar como un intento de internalizar los costes externos de la emisión de gases que provocan el efecto invernadero –es decir, pagar por el perjuicio ocasionado a terceros que realiza un agente económico cuando produce y consume emitiendo dióxido de carbono, en los albores del siglo XXI es necesario aumentar la relevancia del problema en su vertiente de bien público, tal como señalan los expertos del Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su informe titulado “Mitos y realidades del cambio climático”.
El calentamiento global es un hecho, independientemente de que su origen pueda ser antropogénico. Por lo tanto, lo que debe preocupar a los gobernantes es los efectos que tiene el fenómeno sobre la sociedad humana, ya que si estos son mayoritariamente negativos estará justificada la toma de medidas para combatirlo, ya sea mediante el Protocolo de Kyoto o con otro tipo de iniciativas multilaterales. Lo que es indudable, es que las medidas que se implementen deberán cumplir con los criterios de racionalidad económica, es decir, que los beneficios de aplicarlas sean superiores a los costes de implantación, no sólo en términos económicos sino también sociales. De todas las herramientas que se puedan usar, habrá que seleccionar las que presenten una relación coste / beneficio más favorable.
La controversia. La determinación de estos costes a escala mundial es una cuestión controvertida, no sólo por las importantes incertidumbres existentes alrededor del cambio climático, sino porque la subjetividad inherente a una evaluación económica de este tipo es amplificada por la magnitud de la tarea, que tiene que enfrentarse a multitud de variables en entornos geográficos muy diferentes y sin apenas bibliografía de referencia, dada la relativa novedad de la materia. Además, la filiación ideológica a favor o en contra del Protocolo de Kioto, o simplemente la distinta sensibilidad respecto a las cuestiones ambientales, influye decisivamente en la estimación.
Un ejemplo claro de este enfoque se encuentra en el caso norteamericano. En EE.UU., los primeros cálculos realizados por los expertos señalaban que los daños de una subida de temperaturas entre 2,5 y 4 grados centígrados, medidos en términos monetarios, suponían unas pérdidas situadas en la horquilla de los 80.000 y 180.000 millones de dólares de 1997, es decir, entre un 1 y un 2,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Sin embargo, las estimaciones más recientes –y optimistas indican que un aumento de 2,5 grados genera un doble efecto: a unos sectores de la actividad les ayuda y a otros les perjudica, por lo que las consecuencias en términos de coste pueden oscilar entre los 21.000 millones de dólares de pérdidas (0,25 por ciento del PIB) y los 9.000 millones de beneficios (0,1 por ciento del PIB).
Así, teniendo en cuenta la dificultad, complejidad e incertidumbres existentes para realizar este tipo de evaluaciones en el ámbito planetario, no extraña demasiado que los trabajos sobre la cuantificación de los daños globales del cambio climático no sean numerosos. No obstante, el organismo de Naciones Unidas, Panel intergubernamental del Cambio Climático (IPCC en sus siglas en inglés) ha realizado dos estimaciones a escala mundial por zonas geográficas que resulta ilustrativo, elaborado por los expertos Sam Fankhauser y Richard S. Tol.
En resumen, la mayoría de los estudios sobre los impactos del calentamiento global ofrecen cuantiosas estimaciones de daños, tanto económicos como sociales y ambientales, por lo que los organismos internacionales manifiestan la necesidad de analizar caso por caso las posibles medidas destinadas a mitigarlos, a la vez que se profundiza en la valoración de estos impactos según se progrese en el conocimiento del fenómeno. Sin embargo es llamativo el hecho de que el IPCC, el organismo científico creado para asesorar a la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, haya dedicado tan poca atención a esta cuestión fundamental, como lo demuestra el cambio de objetivos de su grupo de trabajo.
En concreto, el IPCC ha pasado de analizar el impacto económico del calentamiento global en su “Second Assestment Report” de 1996 al estudio concreto de los gases de efecto invernadero en el “Third Assestment Report” de 2001. El resultado de este cambio es que en los informes del organismo desaparece cualquier mención a la valoración monetaria de los daños globales del cambio climático, lo que desincentiva a los investigadores y aumenta la desinformación respecto al problema.
Pérdida del PIB mundial. El economista británico Sir Nicholas Stern, se ha aventurado a calcular el impacto que tendrá el calentamiento global en la economía del planeta. Para el experto, el Producto Interior Bruto mundial caerá un 20 por ciento si no se toman medidas correctoras, pero sólo se reducirá un 1 por ciento si se acometen reformas de calado. Y es que, mientras que los niveles de gases nocivos se situaban en 280 partes por millón (ppm) de dióxido de carbono antes de la revolución industrial, en la actualidad alcanzan los 430 ppm. Si las emisiones anuales se mantuvieran en su ritmo actual se elevarían a 550 ppm en 2050. Pero si el incremento se acelerara con la misma intensidad con la que está creciendo ahora, se podría alcanzar la mencionada cifra en 2035, quince años antes. Para Stern “a ese nivel hay, al menos, un 77 por ciento de posibilidades de que la temperatura mundial se incremente en dos grados centígrados”.
Éste es el calculo que emplea el ex vicepresidente de EE.UU., Al Gore, en su famoso documental “An inconvenient truth” (“Una verdad incómoda”, que es el título que ha empleado la productora en España), trabajo que le ha proporcionado una estatuilla de la academia de Hollywood y le ha dado a conocer como defensor del medio ambiente en todo el planeta, además de su vertiente política].
El estudio de Stern indica que, tomando las cifras de 2004, la riqueza generada cada año en la Tierra se reducirá, al menos, en más de 10 billones de dólares (7,8 billones de euros al cambio actual) si no se frena el calentamiento del planeta. Para llegar a esta cifra, el economista aplica el modelo “Page 2002” a los datos de predicciones climáticas de 2001. A su juicio, la mayoría del proceso se podría evitar con medidas que costarían una vigésima parte del citado volumen. Stern se fija el objetivo de estabilizar las emisiones en una horquilla de 450 ppm a 550 ppm. Para ello, el CO2 emitido debería equivaler en 2050 a la cuarta parte de las emisiones actuales.
La rentabilidad.
Los expertos en materia de cambio climático señalan que las políticas de reducción de emisiones no sólo son deseables, sino que en ciertos aspectos son rentables económicamente, porque crean nuevas oportunidades de negocio, como las que se encuentran en los mercados de productos de energía baja en carbono y cuyo valor podría alcanzar los 500.000 millones de dólares en 2050. Además, este tipo de políticas reducen notablemente la ineficiencia gubernamental actual (los países gastan 250.000 millones de dólares anuales en subsidios a los productos energéticos, fundamentalmente combustibles).
Stern propone que las actuaciones para reducir las emisiones se basen en tres elementos esenciales: poner precio a la liberación de carbono, fomentar las innovaciones tecnológicas para rentabilizar las energías que no provienen de combustibles fósiles y eliminar las barreras que impiden un cambio de comportamiento social, industrial y estatal respecto al problema del calentamiento global. Poner precio al carbono implica que quien contamina paga, del mismo modo que establece la Directiva Marco de Aguas que ahora el Ministerio de Medioambiente pretende transponer al ordenamiento jurídico español con la reforma de la Ley de Aguas. De esta forma, se consigue desincentivar las actividades económicas más contaminantes, al encarecerlas. Existen varias formas de poner precio al CO2, bien a través de medidas fiscales, con mercados de carbono o con regulaciones que penalicen la contaminación. La gran ventaja del mercado de emisiones, a juicio del economista británico, es que introduce factores de eficiencia porque hace más rentable para las empresas producir sin dañar su entorno: cuanta más necesidad tengan las compañías de contaminar más tendrán que pagar a las compañías limpias para comprarles sus derechos de emisiones.
Implicaciones para Europa. Por lo que se refiere al marco comunitario, según datos de la Comisión Europea, el cambio climático se materializa ya en un aumento de la erosión costera y de las inundaciones. En los últimos veinte años, los costes anuales de construir infraestructuras de contención y consolidación han pasado de 2.500 a 3.200 millones de euros. Los gastos van a aumentar más en el futuro, según Bruselas, por lo que la Unión considera imprescindible integrar los riesgos naturales en las previsiones de inversión pública. Existen otros peligros que también necesitan respuesta, como, por ejemplo, los tsunamis, que amenazan principalmente a las islas europeas ubicadas en el Índico y el Pacífico. Sin embargo, también existen zonas volcánicas y sísmicas en el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Por lo tanto, la Europa continental no está exenta de este tipo de amenazas, lo que requiere la puesta en marcha de sistemas y procedimientos de alerta rápida basados en los conocimientos científicos más avanzados.
La gestión de los mares y los océanos, la explotación de inmensos recursos y las actividades relacionadas con estos factores tienen una importancia crucial para Europa en cuanto a crecimiento económico y creación de empleo. Pero la gestión sostenible implica una visión global que integre numerosas políticas: pesca, transporte, energía, medio ambiente, investigación o turismo, entre otras, ya que las decisiones tomadas en cualquiera de estos sectores afectan inevitablemente a los demás. Por ello, la Comisión Europea ha creado un grupo de trabajo formado por los comisarios competentes en cada una de las materias citadas, que ha dirigido la preparación de un Libro Verde concebido para poner en marcha una amplia consulta a los actores del mundo marítimo.
Su objetivo es trazar las directrices de una futura política integrada que luche contra los riesgos que afectan a las zonas costeras como consecuencia del cambio climático y de la sobreexplotación de los litorales en Europa, donde España ocupa un lugar de privilegio.
Los océanos y los mares cubren cerca del 70 por ciento de la superficie de nuestro planeta y representan el 98 por ciento del volumen de agua. Las costas europeas son tres veces más extensas que las de Estados Unidos y duplican a las rusas. Veinte Estados miembros son países costeros y las zonas marítimas de la Unión son, con diferencia, superiores a la superficie terrestre total europea.
No es de extrañar, por lo tanto, que más de la mitad de la población comunitaria viva a menos de 50 kilómetros del mar. Además, siete de cada diez turistas que vienen a España eligen provincias costeras como destino principal, ya que la Península Ibérica tiene más de 9.000 kilómetros bañados por el Océano Atlántico y los mares Mediterráneo y Cantábrico. Además, cuenta con dos territorios insulares, uno de ellos periférico (las islas Canarias). Esta gran importancia de las costas como lugar de residencia y vacaciones se acentúa si se añade la variable inmobiliaria a la ecuación. El “boom” que han sufrido el Levante español y algunas zonas del sur de Andalucía ha puesto de manifiesto la necesidad de diseñar políticas de gestión de residuos, ordenamiento urbanístico y suministro energético que acompañen a la reducción de emisiones nocivas. En la Comunidad Valenciana, la industria generadora de materiales de construcción invierte ya una proporción muy alta de sus beneficios en Investigación y Desarrollo, con el objeto de reducir el gasto energético.
Pero este camino solo puede ser complementario, ya que la única forma de solucionar el problema es abandonar los combustibles fósiles como elemento integrador de las economías y único generador del crecimiento. Las fuentes renovables son el futuro, pero la industria petrolera no va a permitir tan fácilmente que los nuevos modelos energéticos se coman un pastel que los grupos de hidrocarburos llevan años preparando en sus hornos. Al final, el coste lo sufrirán los ciudadanos, tanto en sus bolsillos como en la calidad del aire que respiren.
En España, las metas previstas en la Estrategia de Cambio Climático están centradas en el fomento de las energías limpias, al asumir el Gobierno los objetivos de la UE en materia de energías renovables: conseguir para 2020 que el 37 por ciento de la electricidad sea producida por renovables y alcanzar un 20 por ciento de energía primaria a través de dichas fuentes. El potencial de crecimiento de las tecnologías limpias de generación eléctrica, y su contribución al cumplimiento de Kioto, merece un apoyo decidido para incrementar su peso en el balance energético. Para evitar que estos objetivos acaben en una mera declaración de buenas intenciones, el Gobierno trabaja para establecer un marco regulador de las renovables que garantice la rentabilidad, incentive futuros desarrollos y garantice la seguridad jurídica, en particular en la energía eólica, sector en el que España es el segundo país del mundo por potencia instalada. Las herramientas empleadas deben penalizar el derroche de electricidad al en un marco de precios artificialmente bajos si se comparan con el entorno comunitario, además de profundizar en la concienciación ciudadana sobre el consumo responsable.
El estudio que defiende Al Gore El ex vicepresidente de EE.UU., Al Gore, en su famoso documental “An inconvenient truth” (“Una verdad incómoda”), que le ha dado a conocer como defensor del medio ambiente en todo el mundo, defiende el estudio sobre el calentamiento del planeta del británico Nicholas Stern.
Según este estudio, en el caso de que no se tome ninguna medida para frenar las emisiones de CO2, el volumen de gases que provocan el efecto invernadero se triplicaría al final del siglo XXI, generando un aumento de la temperatura de 5 grados. Si así fuera, el colapso social y económico sería evidente, sobre todo en el continente africano, donde se perdería un tercio de los cultivos agrícolas ante la menor fertilidad de la tierra. Además, el deshielo de los cascotes polares provocaría un incremento del nivel del mar que anegaría Bangladesh, Vietnam y la costa andina de América del Sur; así como inundaciones en grandes urbes como Londres, Shanghai, Nueva York, Tokio y Hong Kong. Asimismo, este incremento térmico extendería las hambrunas por el mundo, más de 1.000 millones de perso-nas se quedarían sin agua dulce, la selva del Amazonas desparecería, junto con numerosas especies de flora y fauna y los fenómenos meteorológicos extremos se intensificarían. Stern cita un ejemplo muy revelador: los cinco grados de aumento representan la misma distancia térmica entre nuestra Era y la Edad del Hielo.
Debate nacional
LAS inquietantes proyecciones climáticas referidas a España para el último tercio del siglo XXI, anunciadas recientemente por la ministra de Medio Ambiente durante su presentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Energía Limpia, deberían alentar un debate nacional sobre el modelo de desarrollo que se pretende para un país vulnerable a los efectos adversos del calentamiento global. Mientras el PIB acelera su crecimiento, la dependencia energética española del exterior se sitúa en el 85 por ciento y las emisiones de gases de efecto invernadero son un 52 por ciento superiores a las de 1990, frente al límite del 15 por ciento necesario para cumplir el Protocolo de Kioto. La economía crece, pues, de forma sostenida pero poco sostenible.
