NUESTRA HISTORIA

El Gobierno de Juan Bosch fue un ensayo de nacionalismo

Por Leopoldo Espaillad N.

La breve gestión de gobierno de Juan Bosch, resultado de la aplastante derrota de la Unión Cívica en las primeras elecciones libres en 32 años llevadas a cabo en el país, tiene como mejor caracterización la Constitución de 1963, que paradójicamente se dictó con profundas reservas de su parte. Ella fue, sin embargo, luego de su deposición, el estandarte de lucha que se enarboló posteriormente para reponerle en el poder y por el cual ofrendaron sus vidas muchos dominicanos. Tengo la particular convicción de que el golpe de Estado contra Bosch, el 25 de septiembre de 1963, no provino de Kennedy, como afirmara aquél, sino que sus motivos deben buscarse en la forma en que la Constitución de 1963 afectaba determinados intereses norteamericanos aposentados o por aposentarse en el país, así como las decisiones que al respecto había adoptado el propio Bosch con un criterio nacionalista.

Esta tesis se apoya en la evidencia de que fueron estos mismos intereses los que se deshicieron del presidente Kennedy por vía del atentado criminal el 22 de noviembre de 1963, en Dallas, por no marchar su política interna y externa en forma cónsona con sus objetivos económicos estratégicos. Es notorio que la convicción que tenía el presidente Kennedy de la necesidad de apoyar el desarrollo de sus vecinos latinoamericanos, como meta estratégica de los propios intereses de su país, entraron más de una vez en conflicto con los de las empresas norteamericanas aposentadas en América Latina cuando éstas recurrieron en busca del apoyo de su gobierno en sus conflictos con los gobiernos latinoamericanos. Estas confrontaciones se sumaron a las que --por las mismas razones-- sostuvieron en el plano económico interno de la economía norteamericana, y luego con la Guerra de Vietnam. Otra situación de avenencia e identidad surgiría entre estos intereses y su sustituto, el presidente Lyndon B. Johnson.

Evidencia de nuestra tesis se encuentra en la entrevista que Bosch celebrara, todavía como Presidente electo, con el presidente Kennedy, y en la cual le exterioriza su propósito de quitar a la Standard Oil, (empresa propiedad de la familia Rockefeller y cabeza del clan del Consejo de Relaciones Exteriores, núcleo central del gran poder económico y político de EE.UU. que ahora se anuncia que está interesado en invertir en el país), la concesión que le otorgara el Consejo de Estado para instalar en el país una refinería de petróleo, sobre lo cual el presidente Kennedy “externó su preocupación acerca de los efectos dañinos de la posible nulificación del contrato” (ver libro de B. Vega: Kennedy y Bosch, Pág. 27), y le aconsejó “que eligiera un grupo consultor, no necesariamente de EE.UU., que estudiara la situación y si se encontraba que el contrato era injusto, él (Kennedy) podría estar en disposición de discutirlo con la Standard Oil”.

Bosch ignoró la influencia del gran negocio del petróleo en la política internacional, y la secuela de golpes de Estado que propició, e hizo caso omiso del consejo de Kennedy de permitirle mediar en el proceso, procediendo a anular la concesión, la cual posteriormente Balaguer entregó a la Shell en 1969. No nos luce coincidencia que el señor Andrés Freites, hasta poco antes gerente de la Esso (subsidiaria de la Standard Oil) y ex-embajador en Washington del Consejo de Estado, pasara a ser el Canciller de Bosch, siendo parte del grupo que organizó el atentado contra Trujillo y en cuya casa buscó primero refugio Luis Amiama Tió antes de pasar a la casa vecina de Tabaré Álvarez Pereyra, grupo que era tildado de ‘pro-norteamericano’ en la correspondencia de la embajada de EE.UU. del mes de mayo de 1961 (ver libro de B. Vega: Los Estados Unidos y Trujillo: 1960-1961. Los Días Finales), pero ignoramos la causa de esta insólita designación de Bosch. Además, las negociaciones que realizara Bosch en Europa como Presidente electo para obtener financiamiento para la infraestructura de desarrollo, como el controvertido contrato de la ‘Overseas’ y el financiamiento de la ‘General Electric’ británica, en lugar de buscarlos en los Estados Unidos, estuvieron en el centro de las denuncias de corrupción contra su gobierno. También se encuentran evidencias en la información de que el entonces presidente Lyndon B. Johnson estaba ligado a los capitales tejanos accionistas de la Falconbridge, cuyas operaciones de explotación del níquel dominicano en Bonao estaban todavía en vías de preparación y eran poco auspiciadas bajo los términos de la Constitución de 1963, que reafirmaba la soberanía del Estado dominicano sobre sus recursos mineros.

Esto también explicaría la resistencia de Johnson al regreso de Bosch en 1965, así como a la reposición de esa Constitución, y su decisión de invadir la República Dominicana con el pretexto de que estaba en riesgo de caer bajo un régimen comunista. La propensión de este gobernante de apoyar a sus relacionados de negocios o contribuyentes de campañas electorales se evidenció, según columna del analista Jack Anderson, con los numerosos contratos con que fue favorecida una empresa tejana de construcción llamada “Brown & Root Co.” en Vietnam, de la cual volveremos a hablar. Además de la industria azucarera del Central Romana en la parte oriental, operaba también en el país en el ramo minero, la Alcoa Exploration Co. en Pedernales, explotando la bauxita y piedras calizas, y en Montecristi operaba (pero tropezaba con problemas) la empresa bananera Grenada Company, todas de capital norteamericano.

GOBIERNO PROVISIONAL DE GARCÍA GODOY
Proveniente de las filas del Partido Reformista y del cuerpo diplomático del país, el doctor Héctor García Godoy, vinculado a prestantes familias de La Vega y Santiago, asumió el poder con el asentimiento de las partes enfrentadas en la guerra patria de 1965, pero bajo la presión de encabezar una nación ocupada militarmente por fuerzas norteamericanas acompañadas simbólicamente de pequeños contingentes de países latinoamericanos dirigidos por EE.UU. De carácter afable y poco carisma, su experiencia en la diplomacia le sirvió para manejarse en una coyuntura sumamente difícil.

La seguridad del Estado no existía en términos de soberanía, y se expandieron en todo el país los servicios de inteligencia norteamericanos (CIA), incluyendo los cuerpos armados y policiales de la nación, encargados de vigilar y/o perseguir a todos los combatientes constitucionalistas militares y no militares que quedaron en el país. La vida nacional quedó totalmente bajo control del ejército invasor, a cargo del orden público. La administración pública se pagaba con recursos de la OEA. La paz política entre los contendientes de la guerra civil y patriótica se alcanzó al imponerles el Presidente provisional -con el apoyo del contingente invasor- el exilio forzoso en posiciones diplomáticas en el exterior a esos mandos militares, lo cual no exceptuó a los que sirvieron a los propósitos de EE.UU.

La misión de García Godoy era restablecer la paz y organizar nuevas elecciones a breve plazo, pero su mandato provisional pasó a un plano más trascendente al producir importantes legislaciones para la organización del Estado y de la economía. Bajo el gobierno provisional se reorganizó la Presidencia de la República, creando los Secretariados Administrativo y Técnico. Bajo este último se colocaron la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRES), la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), y la Oficina Nacional de Estadística (ONES), todas existentes y a las cuales se les cambió la designación, creándose para completar esta estructura la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP).

Este nuevo instrumento otorgaba prioridad a la reorganización y profesionalización de la administración pública, meta aún pendiente no obstante que se logró años después la promulgación de la Ley sobre Servicio Civil y Carrera Administrativa. Misiones técnicas de los organismos multilaterales visitaron repetidamente el país para encarrilar la administración pública.

Fueron promulgadas legislaciones dotando de nuevas estructuras orgánicas a las empresas del Estado, creando la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) para administrar el complejo empresarial expropiado a Trujillo, separadamente de la administración y concesión de créditos a la nueva industria, puesta a cargo de la Corporación de Fomento Industrial (CFI). Así se creó por ley el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con los ingenios expropiados a Trujillo. Este conjunto de activos convertía al Estado Dominicano en el mayor propietario de empresas del dominio privado en el hemisferio, y el mayor empleador y propietario de terrenos de la economía dominicana.

Presencia de la inversión extranjera

La presencia en el país de la empresa “Brown & Root Co.”, a consecuencia de su contratación en la extensión del acueducto de la ciudad capital durante el período de la ocupación militar como una donación al pueblo dominicano –hasta entonces desconocida- se puso de manifiesto durante el gobierno provisional de García Godoy, cuando estos trabajos llegaron a su término y el entonces Secretario Técnico de la Presidencia, doctor Gustavo Wiese (dominicano al servicio de las NN.UU. y que vino prestado al Gobierno provisional), le hizo exigencia a la embajada norteamericana de los planos, especificaciones y presupuesto de lo realizado, como requisito para recibir los trabajos, y fue motivo de que se le atacara por la prensa en forma anónima, desconsiderada y entonces inexplicada.

La razón de este reclamo fue que el acueducto de la capital se rige como una entidad autónoma con patrimonio propio. La necesidad de contar con los planos y especificaciones de las extensiones realizadas era obvia en el plano técnico. ¿Cómo se podría administrar el sistema, atenderlo, o darle mantenimiento, desconociendo parte del mismo? En lo económico era igualmente obvio que el incremento real de su patrimonio precisaba documentación sobre el costo o valor de dichas extensiones.

La negativa fue expresada personalmente en el Palacio Nacional en el despacho del Secretario Técnico (entonces ubicado en el tercer piso) por el entonces subdirector de la AID, señor Lawrence E. Harrison (quien al despedirse del doctor Wiese chocó mecánica e inadvertidamente los tacones a la manera militar, cosa que no me pasó desapercibida y de lo cual advertí a Wiese). Esta visita fue seguida de una denuncia anónima al estilo del ‘Foro Público’ contra Wiese, en la primera plana de uno de los principales periódicos del país, achacándole ‘las deficiencias de funcionamiento del acueducto por los obstáculos burocráticos que ponía para recibir los trabajos de ampliación’.

La misma no arrojó luz sobre sus motivos, pero sí creó legítimas dudas sobre el trabajo supuestamente realizado. La verdad vino a relucir mucho después cuando llegó a nuestras manos el artículo de Anderson, revelando los nexos políticos de esa empresa y las influencias tras este contrato, y sugiere las verdaderas razones tras esta actitud y la agresión a Wiese. De la empresa ‘Brown & Root Co.’ no volvería a oír hablar hasta mucho después, esta vez operando en Haití a raíz de la intervención militar de EE.UU. en ese país en 1994. El autor es testigo de los hechos, ya que laboraba como asistente técnico del doctor Wiese, y quien recomendó la solicitud de la indicada documentación.

Al presidente García Godoy y al doctor Wiese les tocó lidiar también con la empresa ‘Nebraska Co.’, que llegó al país con la pretensión de suceder en la siembra y exportación de guineos en Montecristi a la Grenada Co., aquejada de problemas financieros. Pero su oferta, auspiciada por el bufete Peynado, si bien no representaba un compromiso de inversión para el Estado Dominicano, sí le convertía en garante del éxito de sus operaciones, condición que le mereció el rechazo de Wiese y también de García Godoy, no obstante las presiones diplomáticas norteamericanas que se dejaron sentir nuevamente.

Como evidencia del giro que había sufrido la ‘Ayuda Exterior’ del gobierno norteamericano hacia el Tercer Mundo, que cambió del concepto de ayuda ‘de gobierno a gobierno’ al apoyo de la empresa privada, durante el gobierno provisional de García Godoy se produjo el primer préstamo directo del gobierno norteamericano que tenía como destino específico una financiera privada dominicana y como garante al propio gobierno dominicano. No creo que esta operación se haya repetido.

GOBIERNO DE JOAQUÍN BALAGUER
Expresión última del ‘trujillismo’ y retornado al país bajo auspicio norteamericano, Balaguer obtuvo un fácil triunfo electoral sobre Bosch, que no hizo campaña, aunque ésta no estuvo exenta de peligros para él demostrando su valor personal, en lo que era la consumación de un designio de política que se había resumido a su favor desde el gobierno de Kennedy y el complot para matar a Trujillo, como ‘la opción que no se podía descartar’, un trujillismo sin Trujillo, que le cerrara el paso a la posibilidad de una reedición del gobierno de Castro en manos de la Agrupación Política ‘14 de Junio’, sin que éste dejara de expresar como ‘preferible’, la opción de un gobierno democrático (como lo fue el primer Gobierno de Bosch).

Pero el concepto que podía tener el gobierno norteamericano bajo la presidencia de Kennedy de lo que era un gobierno democrático estaba muy lejano del que podía tener su sucesor, el presidente Lyndon B. Johnson, responsable de profundizar la intervención militar norteamericana en Vietnam y de ordenar la invasión unilateral de República Dominicana en 1965 y de tutelar el proceso post-guerra patria. Para Johnson, democrático era todo gobierno que persiguiera a muerte a los comunistas (o a quienes se calificara de serlo) o lo permitiera, y ello se convirtió en un ‘pre-requisito’ exigido por los norteamericanos para que un dominicano alcanzara el poder.

Este período se inició inmediatamente después del fin del conflicto en condiciones de extrema inseguridad, lo cual determinó un ‘estado de emergencia’ justificado entonces, pero que continuó a lo largo del mandato de los 12 años. Esto concernía a la garantía de integridad ciudadana, inexistente para los combatientes constitucionalistas, que fueron perseguidos implacablemente por la CIA y los servicios de inteligencia, que recibieron a su vez la respuesta de una izquierda que estaba organizada, y creía y trabajaba para el triunfo de la revolución comunista o castrista en Latinoamérica. Esto se evidenció en actividades de represalia a la CIA con el secuestro de funcionarios civiles y militares norteamericanos, cayendo en esta guerra no declarada como víctimas inocentes muchos ciudadanos.

La base política de esta nueva gestión de Balaguer la constituía la forzosa reconciliación del aparato ‘trujillista’ con la ‘Unión Cívica’ y los hombres del ‘30 de Mayo’, impuesta por los EE.UU. Esta ‘emergencia de 12 años’ sirvió también para declarar ‘una austeridad del gasto’, congelar los salarios y adjudicar libremente contratos de construcción de obras del Estado sin cumplir la legislación de concursos. La prolongada gestión del presidente Balaguer se caracterizó por una continuidad de políticas que se apoyaban en el ‘continuismo’ de este líder en el poder, no en la vigencia de un programa, lo cual culminaba sistemáticamente en su reelección como una ‘necesidad nacional’, siempre presentada a última hora.

Obviamente que para los hombres de empresa dominicanos y aún para los extranjeros la seguridad necesaria a sus inversiones estaba dada precisamente en esa continuidad de persona y políticas, mientras Balaguer retenía flexibilidad –al no tener nada escrito- para modificar sus posiciones en el tiempo. Esto fue una constante que se rompió únicamente en 1978, cuando el PRD –que se había visto forzado a retirarse como parte del ‘Acuerdo de Santiago’ en 1974- se comprometió a asistir a elecciones ‘aunque fuera bajo una lluvia de tiros”.

La tendencia de la nueva política de EE.UU. en Latinoamérica a favor de los hombres de negocios, tanto norteamericanos como latinos, y que serviría para canalizar los recursos de lo que anteriormente fue el programa de ayuda económica ‘de gobierno a gobierno’, se expresó en la primera gestión de Balaguer en 1966 con la ‘Comisión Nacional de Desarrollo’, la cual se reunía todos los miércoles en el Palacio Nacional con la presencia del embajador norteamericano, John Crimmins, como imposición requerida para el desembolso de los fondos de ayuda norteamericana de emergencia, y que estaba integrada por un puñado de hombres de empresa dominicanos con la participación de los ministros de ese gobierno simplemente como informantes.

Personal de la embajada norteamericana estaba desplegado en todo el país en labores de inteligencia, casi siempre disimulado con otras funciones, como sucedió con el Cuerpo de Paz. De igual forma estaban infiltrados los cuerpos armados de la nación y los principales departamentos del gobierno, como era el caso de la Secretaría de Agricultura, encabezada por Fernando Álvarez Bogaert, en cuyo edificio el personal de AID era tan numeroso que ocupaba un piso completo. La total dependencia del titular de esa cartera a las opiniones del personal de la AID se pone en evidencia en el relato siguiente de sus actuaciones.

En esa época quien escribe laboraba como asistente del recién designado Secretario Técnico, que lo era Eudoro Sánchez y Sánchez, al frente de un conjunto de dependencias que tenían la etiqueta política de ‘comunista’, al igual que muchos de sus técnicos y el propio concepto de la planificación gubernamental, visto siempre con sospecha, cuyo despacho era mantenido a distancia física del Presidente y de sus decisiones, fuera del Palacio Nacional. Entonces, el canal oficial de TV acostumbraba dar cabida en su programación a documentales de tipo científico provisto por las embajadas respectivas, en los cuales se mostraban los avances tecnológicos de sus respectivos países o se promovía su venta.

Tal fue el documental que pude observar un día en mi casa por TV mientras almorzaba, en el que se mostraba la aplicación por inmersión a distintos productos agrícolas y frutos de cáscara de un líquido, en forma muy parecida a la capa de cera por inmersión que se conocía y usaba en guineos y manzanas, pero que en este caso se trataba de un acrílico que su inventor británico denominó “Stabilyte”. Se trataba de un investigador de la Universidad de Oxford, cuyo nombre se me escapa, y según sus experimentos los productos así protegidos podían permanecer sin refrigeración durante meses preservándoles de magulladuras y lesiones a su calidad.

Pensando en la indeseable dependencia de nuestros países de las empresas norteamericanas propietarias de buques refrigerados, y la posibilidad –no sólo de librarnos de ella- sino también de que nuestros productos se mercadearan directamente y alcanzar países muy lejanos sin perder calidad ni precio, me apresuré en solicitar a Radio Televisión Dominicana el documental en cuestión, ponderándole a Eudoro Sánchez las potencialidades del producto, quien –sin necesidad de mayores credenciales técnicas- se percató de inmediato de su importancia y me autorizó a darle seguimiento. Para mi sorpresa, no obstante mi insistencia, el documental no apareció por ninguna parte en RTVD.

El secretario Sánchez procedió entonces a recurrir, por vía de la Cancillería dominicana, a los buenos oficios del entonces embajador en Londres, el licenciado Porfirio Herrera Báez, y durante un tiempo no volvimos a pensar en ello, tomando en cuenta la tradicional desidia del cuerpo diplomático dominicano. Para nuestro beneplácito y sorpresa, sin embargo, varias semanas después recibimos respuesta positiva. El embajador Herrera Báez había localizado al científico, que no sólo estaba dispuesto a poner su invento a disposición del país, sino que se trataba de una persona que –asediado por ofertas muy generosas de las transnacionales- había sin embargo decidido colocar la patente del “Stabilyte” sólo a disposición de países productores del Tercer Mundo, en condiciones no especulativas.

Entusiasmado con esta respuesta preparé a la firma del secretario Sánchez la remisión del expediente al secretario Álvarez Bogaert, quien después de algunas semanas lo devolvió con una sorpresiva y rotunda negativa al interés de su departamento sobre el producto. La explicación de ello la encontramos gracias al descuido de quien preparó la remisión del expediente desde Agricultura, en un pequeño ‘memo’ en tamaño ejecutivo, del escritorio del asesor agrícola de la AID, en el cual solamente había un dibujo mostrando el ‘hongo’ de una explosión atómica y en el centro la palabra “Stabilyte”.

Si hubiera tenido alguna idea de lo que sería la carrera del actual secretario de Finanzas me hubiera quedado con copia de ese expediente. Lamentablemente no lo hice y además Eudoro Sánchez, con quién llegué a cultivar estrecha amistad por sus grandes virtudes personales, está ya muerto. De modo que es mi palabra la que avala este relato y también la memoria del embajador Herrera Báez, que todavía vive en España y quien en un segundo viaje a la Universidad de Oxford no pudo contactar al inventor, de quien tampoco volvimos a saber. Aparentemente había emprendido viaje al exterior.

Tiempo después el presidente Balaguer, experto en ‘jiu jitsu’ político, y recurriendo a sus consabidas maniobras de soslayo, se quitó de encima la molesta imposición de la Comisión Nacional de Desarrollo recurriendo al expediente de aumentar su membresía hasta que la hizo inoperante. La Comisión llegó a tener tantos miembros que no cabía en los salones del Palacio Nacional, mucho menos deliberar adecuadamente, y las reuniones se hicieron por último en las terrazas de la tercera planta.

Pero Balaguer no salió indemne de esta maniobra. Para lograr el espacio político que necesitaba en el manejo de los recursos fiscales y su programa de obras públicas, a través del cual se hicieron los primeros 300 millonarios producto del tráfico de influencias en el país, tuvo que ceder el control del Banco Central, que pasó a ser la sede y el instrumento de política de los organismos internacionales (FMI, BID, BM, etc.) y desde luego norteamericana, período en el cual éste dejó de ser el organismo de política monetaria pautado en su Ley Orgánica para pasar a ser el eje de la política económica, controlando el crédito de desarrollo y el comercial y acaparando las nuevas áreas potencialmente ricas de la economía dominicana, como el turismo y la minería, especialmente el oro dominicano.

El Banco Central era fundamentalmente un Banco Nacional de Fomento y Desarrollo, en el cual operaban dos ventanillas de créditos blandos, el FIDE y el INFRATUR. Es de notar que en este período el Banco de Reservas, el Banco Agrícola y la Corporación de Fomento Industrial, todas entidades del Estado, no calificaban como intermediarios de estos recursos garantizados por el propio Estado, que manejaba a su arbitrio el Banco Central y se concentraba en un muy determinado círculo empresarial.

El otorgamiento de estos recursos blandos garantizados por el Estado Dominicano a empresas privadas fue la base del crecimiento y desarrollo de la industria nacional, pero ello culminó posteriormente con la generalizada responsabilidad del Estado frente a la nunca cuestionada deuda externa del país, propia y de terceros, que se pactó posteriormente frente al FMI en el gobierno de Jorge Blanco, durante la gestión de Bernardo Vega como gobernador del Banco Central.

En este período se inauguró la costumbre de que el gobernador del Banco Central develara periódicamente el rumbo de la economía, en charlas que se realizaban, no en un foro nacional ni gubernamental ni desde los salones del Banco Central, sino en los almuerzos de la Cámara Americana de Comercio, siempre contando con la presencia del embajador norteamericano de turno presidiéndolo. Esta misión recayó en Diógenes Fernández, quien no reunía otra condición para el cargo que su amable temperamento y docilidad a la voluntad extranjera.

El esfuerzo de sacar el Banco Central de su condición oficial para convertirle en una entidad privada, fuera de la jurisdicción de la política y de la autoridad del gobierno de turno, se expresaba en el uso por parte del gobernador de la entidad de una placa privada en su automóvil oficial. Este intento de ‘privatizar’ el Banco Central, dotándole de una autonomía que ya le fue establecida en la Constitución de la República, persigue en realidad extraerlo de la voluntad del gobierno dominicano y ponerlo en manos dóciles a la voluntad y designios extranjeros, intención que perdura hasta el presente y convive con la intención más radical de su eliminación, junto a la divisa dominicana, para darle paso a un retorno triunfal del dólar como moneda de circulación nacional.

Fue también el período en que inició operaciones la minera ‘Falconbridge” en Bonao, y arribó al país Adela Investment Co. para incursionar en el desarrollo del turismo en la costa Norte, creando una subsidiaria “Promotour’ que buscó socios nacionales, mientras la Gulf & Western, en manos de Charles Bludhorn, se convirtió en el gobierno de la zona oriental del país al adquirir el Central Romana y emprender el desarrollo turístico y la zona industrial de esa ciudad. Dada la extensión de sus campos de caña y su poder económico, en realidad la G&W era el verdadero ‘gobierno’ de la parte oriental de la República, sobre todo desde que su administración estuvo en manos de cubanos.

La imbricación de la G&W y el Banco Central llegó a ser tan grande que era notorio, al examinar las cuentas del Banco Central, que la G&W ingresaba recursos en el mes de diciembre de cada año para ‘maquillar’ el informe anual del Banco Central sobre sus reservas en divisas con cifras positivas, y los retiraba en el mes de enero siguiente, lo que le permitía a Diógenes Fernández lucir impecables cierres positivos de la balanza de pagos del país.

En este período (1975) se produjo la famosa operación especulativa realizada por Charles Bludhorn con azúcar facilitada por el CEA, bajo el mando de Fernando Álvarez Bogaert, que le reportó ingentes y millonarios beneficios, que no fue detectada por los organismos fiscalizadores del Estado Dominicano, sino por –paradójicamente- la ‘Comisión de Intercambio de Valores’ (Securities Exchange Commission: SEC) del propio gobierno norteamericano, y esta acción desbordó a la prensa internacional, y desde luego al Gobierno Dominicano, que se vio en la necesidad de actuar para reclamar unos US$38 millones que correspondían legítimamente al Estado Dominicano.

Otra de las vertientes de dominación foránea otorgada por el Banco Central fue el oro dominicano, puesto en manos de la norteamericana ‘Rosario Resources', que producía la extracción y procesamiento del doré, remitido a su vez a refinerías de oro extranjeras para extraer el oro y la plata contenidos en ese material. Esa práctica, y los compromisos entonces contraídos (y las comisiones también) todavía continúan, a pesar de que luego, en el gobierno de Guzmán, se construyó una refinería de oro que nunca ha operado bajo el argumento baladí de los beneficiarios de su procesamiento en el exterior de que resulta anti-económico hacerlo en el país.

Fue este período, también, el inicio del desarrollo turístico de la República Dominicana, marcado con la conversión de extensas zonas ganaderas de la G&W en el más ambicioso proyecto turístico y de bienes raíces en el país. Este simple ‘cambio de uso’ del suelo, mostró la visión de negocios de Bludhorn, aunándole su incursión en la industria cinematográfica adquiriendo la empresa ‘Paramount’, para colocar su centro turístico en la agenda de las grandes luminarias del ‘jet set’ y los grandes financistas con quienes interactuaba. Los predios ganaderos se convirtieron así –de la noche a la mañana- en valiosos terrenos e instalaciones turísticas, cuyas lujosas villas se vendieron igualmente a los empresarios nacionales en proceso de acumular grandes fortunas y una forma de vida sólo conocida hasta entonces a los ricos de otros países, incluyendo la adquisición de yates, aviones y helicópteros.

El turismo fue también la meta de la clandestina adquisición que realizó un abogado neoyorquino especializado en asuntos laborales, Ted Kheel, quien compró en sociedad con los señores George Meany (ya muerto), Lane Kirkland, y Keith Terpe, respectivamente presidente y secretario-tesorero (y posteriormente presidente) de la poderosa AFL-CIO, y vicepresidente del ‘Sindicato de Marinos Mercantes’, nada menos que 16,000 acres (64.8 millones de m2) y 7 millas (11.3 kms.) de playa en Punta Cana (ver Anexo A), actualmente un dinámico y próspero centro turístico en las mejores playas del Caribe, al cual concurren hoy las luminarias del jet set internacional, incluyendo al ex–presidente de EE.UU., Bill Clinton, y su esposa, la senadora por New York, Hillary Clinton.

Esta operación, pactada en 1969, poco después del retiro de la tropas interventoras, no pudo pasársele por alto al gobierno de Balaguer, ya que tal tipo de transacción exigía la autorización expresa del Poder Ejecutivo, conforme a las regulaciones vigentes a la fecha para la inversión extranjera, sobre todo de esta magnitud. Lo más significativo de la misma es que, conforme a las declaraciones del propio señor Kheel, sus socios realizaron un escaso aporte, lo que inevitablemente sugiere que su participación en el negocio pudiera haberse justificado en la utilización de fondos tomados del sindicato para esta descomunal transacción de bienes raíces. Esta práctica, propia de las actividades de los sindicatos laborales norteamericanos, sometida en su momento a investigación judicial y congresional, vendría a caracterizar el inicio de las operaciones de bienes raíces de vocación turística en el país, con una inversión de sospechoso tufo mafioso. Por otra parte, la represión de los activistas políticos adversos a las empresas de capital norteamericano se dejó sentir crudamente. Rafael Casimiro Castro, senador por Pedernales y ardiente opositor de la ‘Alcoa Exploration Co’., fue víctima de un atentado criminal con una bomba de fósforo blanco del cual sobrevivió milagrosamente, quedando marcado para el resto de su vida. En el ámbito de la región oriental fue desaparecido Guido Gil, quien se ocupaba de asesorar legalmente la organización sindical del Central Romana. Estos son hechos nunca esclarecidos, y nunca investigados, cometidos por fuerzas que en su momento fueron caracterizadas por el presidente Balaguer como “incontrolables”.

En este período la administración que Balaguer realizara del emporio industrial y comercial heredado del régimen de Trujillo tendía a preservarlo del apetito de apoderamiento mostrado por sectores nacionales, incluyendo algunos ex-socios de Trujillo, que le sobrevivieron políticamente respaldando económicamente a la Unión Cívica y al 30 de Mayo, con lo cual Balaguer pasó a detentar un enorme poder, que sumado al control del Presupuesto Nacional y de los mecanismos fiscales, le dio el control político que precisaba sobre los grupos económicos de la nación que no le eran afines, algunos de cuyos miembros fueron objeto de secuestros de parte de grupos radicales.

Estos sectores se vieron sin embargo satisfechos y sumados al régimen, al llevarse adelante la política de fomento del aparato productivo nacional y operaciones de capital mixto o foráneo, a través de la política de ‘sustitución de importaciones’, la Ley No. 861 sobre Inversión Extranjera, y las diversas leyes de incentivo que se promulgaron durante la prolongada gestión de Balaguer, cuya fórmula de reelección consistía en no escribir nunca en una oferta de programa de gobierno compromiso alguno, con lo cual se hacía al mismo tiempo impredecible e imprescindible a los grupos económicos su presencia en el poder para asegurarse de la continuidad de las políticas de las cuales se beneficiaban.

En este período las representaciones empresariales, industrial y comercial-importador, todavía convivían bajo un mismo techo institucional, ya que las contradicciones que surgieron posteriormente fueron consecuencia del cambio de política económica, desde la protección de la industria nacional a su desprotección y por el contrario, la preferencia y auspicio al producto importado que hoy prevalece en el país, y las relaciones con el gobierno de Balaguer pasaron por un período de armonía hasta alcanzar situaciones sumamente tirantes.

Sin embargo, inevitablemente las empresas estatales de tipo comercial, que prosperaron durante el régimen de Trujillo simplemente porque les pertenecían a él o a su familia o allegados, y eran favorecidas con exclusividad o preferencia con las compras del Estado, comenzaron a declinar, también en la medida en que muchos de sus ejecutivos se encargaron de negociar por su cuenta el apropiarse de las representaciones extranjeras de esas empresas comerciales, quitándoles a éstas su único activo económico, lo cual dio paso a otras de su propiedad que se apoderaron del mercado. Este proceso afectó poco a las empresas industriales, casi todas monopólicas.

De esta manera comenzó a disminuir el patrimonio empresarial del Estado recibido con la expropiación de los bienes de Trujillo y sus allegados. En general, sin embargo, el cargo de director general de CORDE, así como el director ejecutivo del CEA, eran en estos tiempos de los más importantes y de más poder del gobierno de Balaguer, y desde luego de los más apetecidos, no precisamente por vocación de servicio de sus aspirantes. Desde el CEA, Fernando Álvarez Bogaert, repartió colonatos y canonjías entre los jefes militares de la época, preparando su buscado advenimiento al poder, aspiración que le fue frustrada por la oposición tenaz que desde entonces le ha hecho Balaguer en todo momento.

TOMADO REVISTA AHORA